Jurisprudencia española

Para acordar la suspensión de la ejecución de un acto recurrido en vía contencioso-administrativa, es necesario armonizar el principio de la tutela judicial, con el de eficacia administrativa, y de la ponderación de ambos debe derivarse que interés debe ser el prevalente:Si el particular del recurrente o si el general que subyace al acto recurrido. Pues bien, en el caso debatido, en el que la sociedad recurrente, se limitó a razonar que la suspensión de la ejecución no causaría daños graves al interés público, sin exponer los prejuicios que a ella se le pudiera causar por la ejecución, el Tribunal Supremo dice que debe prevalecer el principio general de eficacia administrativa.